• En seminario internacional en el Senado, comunidades afectadas, organizaciones civiles, autoridades gubernamentales y organismos internacionales discuten la necesidad de una ley que obligue a las empresas a rendir cuentas por daños a derechos humanos y al ambiente y prevenir futuras afectaciones.
• Esta legislación deberá contar con participación de las comunidades.
• México tiene el potencial de liderar una nueva era de justicia socioambiental.

Ciudad de México, 22 de abril del 2025.

En medio de una creciente preocupación por los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos y el ambiente —y con numerosas comunidades que siguen sin acceso a justicia ni reparación por estos impactos— el Senado de la República fue sede del Seminario Internacional “Debida diligencia en derechos humanos para las empresas, con participación comunitaria”.

El evento, realizado el 3 de abril, reunió a defensoras de derechos humanos, integrantes de comunidades afectadas, organizaciones civiles de México y otros países, así como personas legisladoras y representantes de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trató de un espacio para compartir aprendizajes globales y fortalecer procesos legislativos en materia de empresas y derechos humanos en México, América Latina y otras regiones del mundo.

El centro del diálogo fue claro: urge avanzar hacia una legislación nacional que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos, a prevenir, mitigar y reparar los daños que causen sus operaciones; siempre con participación efectiva de las comunidades en todo el proceso.

El evento fue organizado por el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos y la Iniciativa Global para la Rendición de Cuentas Corporativa (GICA), en conjunto con el Senado de la República. Ambas articulaciones —conformadas por organizaciones de sociedad civil de México, América Latina y otras regiones del mundo— trabajan desde hace años para visibilizar los impactos de las actividades empresariales en comunidades, territorios y ecosistemas, y para impulsar una regulación efectiva del sector privado por parte del Estado. En el caso de México, el Grupo Focal —coordinado por la organización PODER— ha documentado desde 2014 múltiples casos de afectaciones y ha elaborado diagnósticos, informes ante organismos internacionales y propuestas normativas con base en estándares globales, con un énfasis claro: las comunidades afectadas y potencialmente afectadas deben estar al centro de cualquier política pública y regulación sobre empresas y derechos humanos.

En distintos paneles, representantes de colectivos y comunidades afectadas en México –como los Comités de Cuenca Río Sonora, el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierrade Atenco compartieron sus experiencias de lucha frente a proyectos de desarrollo (hidroeléctricos, mineros, del sector energético, de infraestructura) que ocasionan despojos y contaminación, evidenciando la urgencia de contar con mecanismos legales efectivos y así evitar la continuidad de abusos sin consecuencias.

“Las medidas voluntarias han fracasado. Los abusos continúan. Las comunidades y familias siguen sufriendo. Pero hay otras formas más eficaces: medidas vinculantes que obligan a las empresas a prevenir daños y garantizan el acceso a la justicia”, señaló Karen Hamilton, representante de la Iniciativa Global para la Rendición de Cuentas Corporativa (GICA).¹

Frente a este vacío, la discusión sobre una ley de debida diligencia con participación comunitaria cobra una urgencia crucial.

Elena Arengo, codirectora de PODER, señaló que aunque en México ha habido intentos por avanzar en una política nacional —como el fallido proceso del Plan de Acción Nacional en 2017 y el intento más reciente de una Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos—, ninguno de estos esfuerzos logró incorporar de forma efectiva la participación de las comunidades afectadas ni generó compromisos obligatorios para el sector empresarial, por lo tanto, el país aún carece de un marco normativo vinculante que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar daños en sus operaciones.

Además, Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina y el Caribe en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, recordó que existen estándares internacionales claros —como los Principios Rectores de la ONU, las Directrices de la OCDE y las normativas de la OIT— que reconocen tanto el deber del Estado de proteger derechos como la responsabilidad empresarial de respetarlos, utilizando procesos efectivos de debida diligencia como herramienta clave.

“La debida diligencia permite identificar riesgos en derechos humanos y proteger así a las personas y el planeta. Además, es importante para las empresas porque les ayuda a tener mejores relaciones con las comunidades, minimizar sus riesgos y prosperar con sostenibilidad”, expresó Hopenhaym.

A estos estándares internacionales, se suma que México ya cuenta con leyes que podrían articularse en una política integral. Felipe Romero, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que leyes como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Protección a Personas Defensoras, la Ley General de Víctimas y la Ley Agraria “podrían quedar bajo un marco coherente, vinculante y participativo que armonice lo que ya tenemos”.

Sin embargo, existen obstáculos que frenan el avance de una regulación efectiva del sector privado. En ese sentido, Javier Palummo, —Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— advirtió sobre la captura corporativa del Estado:

“Sectores empresariales ejercen una influencia desproporcionada en muchos de los países de la región y, de alguna manera, terminan teniendo la posibilidad de condicionar algunos avances vinculados a definiciones de política pública y la implementación de las políticas públicas”. Señaló que esto interfiere con la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos frente a los abusos empresariales.

En el espacio también se compartieron casos internacionales donde estas medidas han comenzado a ser implementadas, pues a nivel internacional, unos 35 países han adoptado o se encuentran desarrollando planes o políticas nacionales sobre empresas y derechos humanos, y al menos una decena ha impulsado leyes vinculantes de debida diligencia. Estos avances reflejan una tendencia global hacia la regulación del poder corporativo, en la que México aún tiene una deuda pendiente.

Las organizaciones participantes hicieron un llamado a las y los legisladores de todas las bancadas del Senado mexicano para iniciar un proceso legislativo con visión de largo plazo, basado en estándares internacionales, y que reconozca a las comunidades no como receptoras de consulta, sino como sujetas de derechos con poder de decisión.

Arturo González Cando, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, señaló que esta legislación representa una oportunidad para saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas y originarios, y advirtió que “las reglas del juego —aunque no es un juego porque son vidas— no pueden seguir dictadas sólo por las empresas. Deben ser justas para todos”.

México tiene el potencial no solo de ponerse al día, sino de liderar una nueva era de responsabilidad empresarial y justicia socioambiental en América Latina. Como señaló Sylvia Obregón, de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa, estas tendencias también abren una ventana para México:

“México no parte de cero. El país cuenta con un andamiaje jurídico valioso que puede ser fortalecido y articulado mediante una ley de debida diligencia […] Estos instrumentos, si se aplican con enfoque preventivo y participación real de las comunidades, pueden convertirse en cimientos firmes para una legislación transformadora”.

El seminario dejó claro que la justicia ambiental, la protección de derechos humanos y la sostenibilidad en México y el mundo no pueden depender de la buena voluntad empresarial; se requieren leyes claras, mecanismos efectivos y, sobre todo, la voz activa y participación plena de quienes históricamente han sido afectadas por las actividades empresariales. Esta claridad da certeza y beneficia a todas las partes.