¿Qué avances hay en la investigación anunciada por el IMSS? ¿Quiénes serían los responsables de esta nueva estafa al Estado? ¿Por qué la actual Administración volvió a contratar a las mismas empresas acaparadoras que señaló públicamente?
Por: Fernanda Hopenhaym, Miguel Ángel Soto e Ivette González
La venta y distribución de medicamentos en el sector público de la Salud en México está capturada por un pequeño grupo de empresas de las que poco se sabe sobre sus propietarios y accionistas. que, protegidos por el velo corporativo y la falta de información pública, pueden evadir con facilidad cualquier mecanismo de rendición de cuentas e ignorar principios de respeto a los derechos humanos.
Hace un mes dimos a conocer públicamente mediante la investigación Salud, Dinero y Corrupción1 que durante el periodo de 2008 a 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró medicamentos y otros insumos a empresas con un sobrecosto de al menos 18 mil millones de pesos e identificamos que estas compras privilegiaron a un pequeño grupo de compañías. Es decir, de casi 28 mil proveedores, solo el 1 por ciento recibió el 78 por ciento del monto contratado. Como lo destacamos en el reporte, ha sido imposible conocer las cifras de los últimos dos años y medio debido a que la actual Administración dejó de publicar los datos. La sociedad además de lidiar con un posible desfalco al erario público y los problemas de desabasto de medicamentos,2 también debe enfrentar a falta de transparencia actual.
Durante el citado lapso, las diez empresas que más sobrecosto recibieron en sus ventas, de acuerdo con datos analizados y tomados del Portal Compras IMSS, son: Dentilab SA de CV, Soporte Médico Integral SA de CV, Selecciones Médicas del Centro SA de CV, Galia Textil SA de CV, Durfa SA de CV, Diagnoquim SA de CV, Artimedica SA de CV, Valmar Digitalmicro SA de CV, Rogeri SA de CV y Baxter SA de CV. Esas empresas acapararon el 15.53 por ciento del sobrecosto y fueron contratadas por un total de 39 mil millones de pesos, de los cuales, casi 3 mil millones fueron sobrecosto.
La contundencia de los datos, que fueron calculados bajo la perspectiva más conservadora, llevan a cuestionar el papel de estos dos actores, el balance de poder entre ellos, y si los marcos regulatorios existentes son suficientes para garantizar la rectoría del Estado para que las empresas no cometan directa o indirectamente abusos a los derechos humanos como el derecho a la salud o, por el contrario, si el poder del capital privado consigue someter cotidianamente a las instituciones con prácticas empresariales organizadas, monopólicas y opacas, en perjuicio del interés público.
Dentro de las muchas preguntas que surgen de fenómenos como el de la captura corporativa del Estado en el sector Salud, se encuentra el entender verdaderamente quién es realmente el beneficiario final de estas transacciones independientemente de las empresas señaladas, considerando que el análisis realizado se hizo por sociedad y no por grupo o accionista, lo que incrementa las ganancias y posibilidad de acaparamiento de los recursos para un mismo grupo empresarial con diversas sociedades, tal y como ha ocurrido con Grupo Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro.3
Una forma de avanzar en la dirección correcta para acotar el poder del capital privado, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sería con la creación de un Registro Público de Beneficiarios Finales, entendido como la persona física o natural quien, directa o indirectamente y, en última instancia, posee, influencia, controla y/o se beneficia de al menos el 5 por ciento de un activo mediante un vehículo corporativo o sociedad mercantil o fideicomiso, o que tiene el poder directo o indirecto para instalar o remover a la mayoría de miembros del consejo directivo de una empresa.4
Sobre la responsabilidad del Estado mexicano y los marcos de derechos humanos que tiene para regular los impactos de la actividad empresarial -y al capital-, es fundamental recordar que debería implementar estándares internacionales como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos,5 los cuales este mes cumplen 10 años. Si bien aún son voluntarios, son un punto relevante de referencia para actuar en casos de violaciones a derechos humanos “cometidas por empresas (…) que reciban importantes apoyos y/o servicios de organismos estatales (…) y los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales».6
Bajo esta óptica, surgen también cuestionamientos sobre qué procesos deberían seguir de manera obligatoria las empresas que quieran ser contratadas por el Estado o de su propiedad en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué le impide a este gobierno establecer procesos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos para las empresas y, particularmente, cuando son exhibidos casos emblemáticos como el que presentamos?
Las empresas y los Estados ya tuvieron diez años para reflexionar sobre esto. El tiempo se agota y les llegó su hora, efectivamente, para pasar a la acción, como lo han externado las y los expertos de la ONU,7 más temprano que tarde llegará a México “la oleada de nuevas leyes que exigen la debida diligencia obligatoria” por parte de las empresas e inversores que no pueden seguir ignorando el llamado para actuar de manera verdaderamente responsable y considerando los factores ambientales, sociales y de gobernanza.
En el caso del sobrecosto de medicamentos hay un impacto directo en el derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4º constitucional y en el artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual asegura que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud…”. El sobrecosto en los medicamentos ha traído concretamente como consecuencia un desabasto con fatales consecuencias, como ya ha sido ampliamente documentado8, por eso es urgente detenerlo, entender su causa raíz y actuar cuanto antes.
Desde PODER hemos tomado nota de la respuesta oficial directa e indirecta a nuestra investigación. Primero, en su comunicado el comunicado del IMSS, fechado el 11 de mayo,9 en el que aseguran se hará “una investigación para determinar los procesos administrativos y/o jurídicos a que haya lugar”; y posteriormente, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente, del jueves 27 de mayo,10 en la que el Secretario de Salud Jorge Alcocer exhibió ante la opinión pública la alta concentración de compra de medicamentos en solo diez empresas durante la Administración pasada, lo que, efectivamente, puso de manifiesto que la salud de las y los mexicanos ha sido tratada como una mercancía.
A poco más de un mes de que hicimos pública esta investigación y después de revisar las comunicaciones del gobierno federal aún surgen más dudas, por ejemplo, ¿Qué avances hay en la investigación anunciada por el IMSS? ¿Quiénes serían los responsables de esta nueva estafa al Estado? ¿Por qué la actual Administración volvió a contratar a las mismas empresas acaparadoras que señaló públicamente? Estas son demandas no de una sino de decenas de organizaciones de la sociedad civil bien organizadas también desde el Colectivo Cero Desabasto.11 Esta y otras respuestas esperamos poder encontrarlas en las autoridades con las que ya nos hemos comunicado por los canales oficiales. ¿Atenderán nuestro mensaje?
El momento de pasar a la acción, efectivamente, ha llegado no solamente para encontrar responsabilidades penales y administrativas ante posibles actos de corrupción sino también para actores del sector privado que vulneran los derechos humanos.
* Fernanda Hopenhaym (@fernanda_ho) es codirectora ejecutiva en PODER. Miguel Ángel Soto (@miguel_strev) e Ivette González (@IGR11) son director y asociada de vinculación estratégica e incidencia, respectivamente, en la misma organización.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.
- PODER. (2021). Salud, Dinero y Corrupción. 19 junio, de PODER. ↩
- Nosotrxs. (2021). Mapeo del desabasto de medicamentos en México. 17 junio, de Nosotrxs / Cero Desabasto. ↩
- Claudia Ocaranza. (2016|). Emporio Farmecéutico. 21 junio, de El Universal. ↩
- Definición propia. PODER. (2019). Experiencias Internacionales de divulgación sobre BR. En Apuntes para la divulgación de beneficiarios reales de las empresas extractivas en México (página 14). Ciudad de México. Disponble aquí. ↩
- OACNUDH. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos. 16 junio 2021, de OACNUDH. ↩
- OACNUDH. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos. 14 junio 2021, de OACNUDH Sitio web: OACNUDH. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos (páginas 8, 9 10). 16 junio 2021, de OACNUDH. ↩
- WGBHR. (2021). Las normas de derechos humanos de la ONU para las empresas cumplen 10 años: es hora de prepararse para una nueva década de acción. 19 junio, de OACNUDH. ↩
- Nosotrxs. (2021). #CeroDesabasto. 15 junio, de Nosotrxs. ↩
- IMSS. (2021). Sobre la información analizada por la organización PODER, y replicada por diversos medios de comunicación respecto a compras con presunto sobre precio en varias delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se informa. 7 junio, de IMSS. ↩
- Presidencia de la República. (2021). 27.05.21 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 7 junio, de Gobierno de México. ↩
- Cero Desabasto. (2021). Solicitamos se garantice transparencia en los procesos de compra de UNOPS. 18 junio, de Nosotrxs. ↩