Dos crisis urgentes que demandan rendición de cuentas de empresas

La pandemia sigue aprovechando un modelo económico global donde una pequeña élite de personas ricas utiliza el valor creado y aportado por la mayoría, con apoyo de los Estados, para beneficio privado por encima del interés público.

En este cierre del segundo año de pandemia, nos encontramos frente a dos crisis que lejos de detenerse, se profundizan: la de COVID-19 y la del cambio climático. En ambas, las empresas –y sobre todo los intereses de las grandes corporaciones– han tenido un rol preponderante.

Estas crisis ponen de relieve –y al mismo tiempo exacerban– las desigualdades e injusticias basadas en un modelo económico en el que las grandes empresas ponen sus propios intereses de ganancias y los de sus accionistas por encima de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud y a un medioambiente sano. En este modelo se beneficia una pequeña élite a costa de los derechos y el bienestar de la gran mayoría. El enorme peso del impacto de la pandemia y el cambio climático ha recaído desproporcionadamente sobre las personas y comunidades más vulneradas: personas trabajadoras de menores ingresos y desocupadas, mujeres, migrantes, y comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, entre otras, mientras que las grandes empresas han crecido aún más en riqueza, influencia y poder.

La pandemia: una bonanza para las corporaciones

La pandemia de COVID-19 generó ganancias sin precedentes –un promedio de 40% más en el año 2020 comparado con el año anterior– para las grandes corporaciones. Para las minoristas Walmart y Amazon, por ejemplo, ese incremento fue del 45% y 70% respectivamente.¹ Mientras aumentaba enormemente la riqueza de sus ejecutivos y accionistas, las personas trabajadoras de primera línea y de la cadena de suministros de esas empresas arriesgaban su vida y su salud para percibir salarios tan bajos que no les permiten sostener su vida y la de sus familias.  En este sentido, la pandemia sigue aprovechando un modelo económico global donde una pequeña élite de personas ricas utiliza el valor creado y aportado por la mayoría, con apoyo de los Estados, para beneficio privado por encima del interés público.

Vacunas: grandes ganancias, desigualdad de acceso

Un caso emblemático de la injusticia que genera este modelo, en el que no se pone límites al poder corporativo, es el de las grandes compañías farmacéuticas de Europa y Estados Unidos que desarrollaron la vacuna contra COVID-19 (AstraZeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer).

Según cifras de la Alianza Vacuna para el Pueblo (The People’s Vaccine), las empresas detrás de las dos vacunas más exitosas contra la COVID (Pfizer, BioNTech y Moderna) están generando ganancias combinadas de $65 mil dólares por minuto. A pesar de que recibieron fondos públicos y garantías de compra anticipada para eliminar el riesgo, estas empresas han privilegiado la venta y distribución a los países ricos; se niegan a compartir la propiedad intelectual y han impedido la transferencia de tecnología para la producción de vacunas en países del Sur Global. Pfizer y BioNTech han distribuido menos del 1% de su producción de vacunas a países de bajos ingresos, mientras que Moderna ha enviado solo el 0.2%.  Mientras que las poblaciones de Europa y Estados Unidos reciben su tercera dosis de refuerzo y abren sus economías, el 98% de la población de países de bajos ingresos sigue sin esquema completo de vacunación.

Las seis empresas desarrolladoras de las vacunas tienen políticas, al menos en el papel, que hacen referencia a los Principios Rectores de la Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Sin embargo, en la práctica sus acciones terminan perjudicando a los derechos humanos, obstaculizando el acceso para la gran mayoría de la población y, principalmente en países pobres, a un producto que salva vidas y que fue desarrollado con una gran cantidad de recursos públicos.

Los precios por dosis fijados por Pfizer, BioNTech y Moderna, por ejemplo, se elevan a montos que han resultado en ganancias de 130 mil millones de dólares para el período de 2021-2022.² Pero ni estas tres, ni las otras han revelado sus costos de producción, gastos, precios aplicados en diferentes países, ni condiciones en los contratos de venta y distribución. En América Latina, una investigación en la que participó PODER reveló que la presión de los laboratorios y el afán de los gobiernos por adquirir dosis a contrarreloj resultaron en cambios en la legislación en casi todos los países de la región para darle indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.³

Ninguna de las desarrolladoras participa de la iniciativas internacionales para la distribución de vacunas (como COVAX). Ninguna ha otorgado licencias globales no exclusivas a otras empresas o –salvo excepciones– compartido su tecnología. ⁴ Además, se oponen a cualquier iniciativa de relajar o suspender las normas de la propiedad intelectual, como han propuesto los gobiernos de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio, lo cual permitiría la producción amplia de vacunas en los países del Sur global. Efectivamente, la postura y las decisiones que tomaron y están tomando las empresas para beneficiarse a sí mismas están impidiendo una salida a la crisis sanitaria y económica para todo el mundo. El llamado que hace la campaña de la Vacuna para el Pueblo, de hecho, incluye cinco puntos en los cuales un cambio en el accionar de las empresas farmacéuticas –y de los inversionistas que las financian– para permitir acceso a la distribución y la producción de vacunas en países del Sur global es crucial.⁵

La responsabilidad de las empresas en el cambio climático

Las empresas –particularmente de las industrias extractivas, la agroindustria y los grandes proyectos de infraestructura– tienen un rol mayor en la degradación del medio ambiente y en la crisis climática, por medio de sus emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua y del aire, las producción de sustancias y desechos tóxicos y la destrucción de la vida silvestre con la depredación de la naturaleza. Esto impacta directamente en los derechos humanos a la salud, al agua, al alimento y a un medio ambiente sano.

En el período previo a la Conferencia de Partes (COP26) en noviembre, unas 180 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ambientalistas, defensoras de la tierra y el medio ambiente, organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y académicos de 58 países, publicaron una carta abierta a líderes mundiales exhortándoles a que centraran a los derechos humanos en toda política referente al medio ambiente y al cambio climático.⁶

Para hacer realidad la visión plasmada en la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente sano,⁷ se requiere decisión política y acción legislativa de los Estados para exigir a las empresas que rindan cuentas por el impacto de sus actividades y las de sus cadenas de valor en los derechos humanos.

Como lo hemos expuesto, la crisis climática y la crisis de salud pública (y su crisis económica asociada) han sido apuntaladas por los abusos cometidos por el sector privado en el marco de un modelo de negocios agotado y que debe ser reemplazado por otro que cuente con estricto apego a las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos y protección del ambiente y en el que se pongan en el centro a las personas, a la comunidad y a los grupos históricamente vulnerados, bajo un enfoque de género e interseccionalidad.

Un primer paso en la dirección correcta es que las empresas y los Estados tengan mediante legislaciones vinculantes la obligación de identificar y remediar los daños ambientales y en el clima que impactan en los derechos humanos. Para alcanzar este objetivo existen ya diversas iniciativas en materia de debida diligencia obligatoria cuyo fin es identificar potenciales afectaciones a los derechos humanos e implementar medidas de prevención y remediación, las cuales también deben incluir mecanismos de acceso a la justicia.

* Elena Arengo es Codirectora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización de la sociedad civil regional que busca rendición de cuentas empresarial.

* Este texto fue publicado en El Plumaje de Animal Político.