Estamos avanzando muy rápidamente en la ratificación de tratados de libre comercio e inversión en la región, con desarrollo de índices ambientales, sociales y de gobernanza en las bolsas de valores, pero sin perspectiva de derechos humanos, de género o interseccional.
En días pasados se celebró en Bogotá el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en la región de América Latina y el Caribe (LAC). En este séptimo encuentro anual se reunieron actores de los sectores público, privado, social, de organismos internacionales y regionales, e instituciones relevantes para discutir avances, oportunidades y desafíos sobre la rendición de cuentas para la llamada “conducta empresarial responsable”.
Este encuentro lo organiza la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en el marco del Proyecto CERALC, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OCDE y la Unión Europea. Este año contó con una asistencia récord de 700 participantes de manera presencial y mil 300 de manera remota desde 54 países, lo que lo hace una de las regiones más activas para avanzar en la materia, con cierto grado de voluntad política de algunos Estados, con gran interés de invertir y operar por parte del sector empresarial y con una vibrante e incansable sociedad civil.
A lo largo de las más de 40 sesiones se abordaron los temas que más aquejan a la región y en donde se pueden proponer caminos más claros para lograr el respeto a los derechos humanos, incluyendo al medio ambiente sano, en la actividad empresarial. Todo ello como antesala para llevar los temas al mayor encuentro anual del mundo en materia de empresas y derechos humanos, el cual se desarrollará unos meses después en Ginebra, Suiza.
Las personas que asisten a este espacio lo viven de maneras muy diversas y hasta opuestas. La realidad es que es un espacio de intercambio, de aprendizaje, de formulación de recomendaciones y búsqueda de respeto a derechos humanos y justicia ambiental.
Desde las organizaciones de la sociedad que tuvimos la oportunidad de asistir encontramos algunas oportunidades que a continuación compartimos:
1) La participación de sindicatos y grupos de trabajadoras y trabajadores, personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente desde los territorios afectados por la actividad empresarial, grupos feministas, personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil (OSC) expertas en la diversidad de temas de esta agenda.
2) La posibilidad de espacios previos al Foro para los distintos actores, como las Instituciones Nacionales de derechos humanos, el sector empresarial, el caucus indígena, las OSC, la academia, los sindicatos, las cortes y tribunales, los Estados y cualquier otro grupo con necesidad de reunirse previamente.
3) La voz que tienen los pueblos y comunidades indígenas y los sindicatos en el panel inaugural para sentar el contexto de realidad en el que está la región y con el cual se pueden basar las discusiones del propio evento.
4) La posibilidad de escucharse entre sectores.
5) Compartir experiencias entre los mismos sectores desde sus particularidades, incluyendo avances de los Estados, del sector empresarial público, privado y mixto, así como de los grupos y comunidades en defensa de sus derechos humanos.
6) Medir el avance de la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos (PRNU), máximo estándar global, y otros estándares, a través de políticas públicas, políticas empresariales, normativas y regulaciones en los contextos nacionales y en la región.
Las temáticas se presentaron en sesiones muy ricas. 1 Esto junto con todo lo anteriormente mencionado en la teoría suena muy bien, pero desde una postura más práctica, crítica y objetiva podemos ver que estamos avanzando muy lentamente en esta agenda y muy rápidamente en la ratificación de tratados de libre comercio e inversión en la región, de desarrollo de índices ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en las bolsas de valores y en portafolios de inversión, de aprobación de proyectos empresariales con financiamiento para el desarrollo desde el Banco Mundial y otras instituciones financieras. Pero todo ello sin perspectiva de derechos humanos, de género o interseccional.
Entre los puntos a resaltar conclusivos de este Foro, ya sea para acelerar la implementación de los Principios Rectores y otros estándares, para respetar las constituciones nacionales de la región en donde se reconoce y asegure la primacía de los derechos humanos, para respetar las leyes existentes, modificarlas o desarrollar nuevas, o para implementar sentencias judiciales con o sin precedente, se encuentran:
- La necesidad de que se generen, por un lado, discusiones con objetivos claros entre los sectores, pues varios de ellos, incluyendo a los Estados, se quedaron con ganas de poner las manos a trabajar durante el Foro, pero se careció de espacios oficiales de esta naturaleza, y por otro lado, generar diálogos efectivos entre todos los actores invitados.
- Más formas de participación efectiva desde titulares de derechos, en la decisión del contenido y formato del propio Foro, y en espacios para dar a conocer los casos de afectaciones, los avances o retrocesos en la reparación y no repetición de los daños. Así como también para participar o reaccionar ante lo dicho en las presentaciones.
- La necesidad de generar un sistema de seguimiento de casos y prácticas empresariales en donde se rinda cuentas sobre la implementación de procesos de debida diligencia en derechos humanos y ambiental y, dentro de ello, el avance en la reparación integral del daño, con participación de quienes resultaron afectados.
- La necesidad de hacer una evaluación más fina del contenido del Foro y de su propósito, así como de la conducta y mensajes de los actores que participan en el mismo. También identificar las necesidades para mejorar y realizar acciones al respecto.
- La urgente necesidad de generar regulaciones sobre la responsabilidad jurídica de las empresas y no quedarse solo en un check list de debida diligencia como gestión de riesgo que pueda servir de justificación para no cumplir con la responsabilidad y obligación de respetar y reparar integralmente.
- El enorme vacío para hablar de inversión responsable, los mecanismos para exigirla y hacer rendir cuentas a los actores del ecosistema de inversión y su impacto en los Estados de la región y en titulares de derechos humanos. No solo usando su poder de influencia para el respeto por parte de las empresas y proyectos en donde se invierte, sino para actuar desde su posición.
- La brecha para transversalizar una perspectiva de género en toda la agenda, que permita la identificación de posibles impactos negativos diferenciados para ciertos grupos, incluyendo las mujeres, niñas y niños y de la diversidad e identidad sexo-genérica. No hablarlo no quiere decir que no existe y es un gran problema en el contexto de la región.
- La falta de una conversación y de soluciones para la recuperación económica, social y ambiental justa a partir de la pandemia y de las nuevas realidades en LAC y en el mundo, en donde el sector empresarial cobró mucho más poder y donde se obvia que es necesario identificar a las personas físicas beneficiarias finales de las ganancias por la actividad empresarial.
- Discusiones sobre el derecho a la salud y al agua potable en jaque, así como los impactos del cambio climático en la región y cómo rendir cuentas ante las fallas para el disfrute de derechos humanos.
- La desigualdad de poder entre las personas titulares de derechos y las personas tomadoras de decisiones para la reparación integral y la rendición de cuentas desde empresas y Estado involucrados.
A pesar de que este evento cuenta con la participación de un sector empresarial en principio dispuesto a tener discusiones profundas sobre su papel en la sociedad, generando cambios internos, avanzando en una verdadera implementación de los PRNU y de procesos de debida diligencia (aunque lentamente), vemos con preocupación los discursos de ciertos actores empresariales que niegan el fenómeno de la captura corporativa del Estado, la criminalización de las personas defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente en la región más peligrosa del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos, rechazando que sus actividades tienen o pueden tener impactos negativos, dándole la espalda a las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos desarrolladas por las comunidades afectadas, obstaculizando la implementación de procesos de debida diligencia en derechos humanos y, sobre todo, utilizando tácticas de captura con los sistemas judiciales. Esto, aunado a los bloqueos para avanzar en las discusiones sobre un tratado internacional, jurídicamente vinculante que aborde las obligaciones de respeto y protección en las actividades empresariales extraterritoriales.
Para una rendición de cuentas en materia de empresas y derechos humanos, también se requiere hablar de la impunidad corporativa desde la silla de la honestidad y objetividad que nos permita a todos los actores identificar mejor los aspectos que la favorecen y las oportunidades para abordarla para el beneficio de todos, incluyendo de la propia actividad empresarial y su sostenibilidad, así como de la soberanía de los Estados democráticos de LAC.
* Ivette González (@IGR11) es coordinadora de incidencia en la organización por la rendición de cuentas empresarial con enfoque en derechos humanos, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (@Poderlatam). Con la colaboración de Alejandra Scampini.
* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.