Captura corporativa del Estado: 50 años y contando

Los intentos por hacer que las empresas respeten derechos humanos, prevengan y reparen daños, y rindan cuentas avanzan a pasos muy lentos y se continúa permitiendo tanto la interferencia como la supuesta negociación con las empresas para que cumplan con su responsabilidad.

Hace 50 años el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, dio un discurso contundente en la ONU en el cual denunció la existencia y el peligro de lo que hoy llamamos la captura corporativa del Estado.

“Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden, ni están fiscalizadas, por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra: es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos”. Salvador Allende, 1972.

Hoy vivimos la misma realidad en varios países de América Latina, incluido México. Vemos esta interferencia en las decisiones judiciales, en los asuntos legislativos y en el actuar del Ejecutivo cuando vemos la impunidad con la que empresas transnacionales o nacionales, con capital nacional o extranjero, influyen en esos procesos olvidando los “grandes valores de la humanidad”, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, operan sin reconocer el surgimiento de nuevos derechos y el avance en la realización de todos ellos, así como nuevos acuerdos como el de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

Los intentos por hacer que las empresas respeten los derechos humanos, prevengan los daños, rindan cuentas y reparen los mismos avanzan a pasos muy lentos y se continúa permitiendo tanto la interferencia como la supuesta negociación con las empresas para que cumplan con su responsabilidad. Parece que los Estados tienen miedo de poner límites al actuar empresarial con la justificación de una posible des-inversión, decrecimiento económico, y demandas inversor-estado, entre otras.

El gobierno mexicano, aún en situación de austeridad republicana, ha hecho públicas sus intenciones de desarrollar e implementar un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos entre julio del 2023 y hasta que comience el siguiente proceso electoral federal en 2024, con un componente para que el Plan permanezca vigente en la siguiente administración que se elija en los comicios.

Este proceso cuenta con aparente voluntad política, pero carece de transparencia, le falta presupuesto y no tiene canales claros para la participación de los titulares de derechos y de la sociedad civil, fundamentales en el desarrollo de un instrumento de política pública de esta naturaleza. El gobierno debe cuidar que los recursos públicos se utilicen de la manera correcta y no enfocarse en procesos que no son de su competencia, como hacer capacitaciones al sector privado sobre esta agenda. Las grandes empresas privadas tienen los recursos suficientes para hacer sus propias capacitaciones y deben hacerlo a toda su cadena de valor. Otros elementos de preocupación serían: 1) que se pretenda diluir la responsabilidad de estas grandes corporaciones, para hacer énfasis en la responsabilidad de las Pymes, basándose en que más del 99 %¹ de los negocios en México son Pymes, aunque se perdieron un millón de las mismas con la pandemia por Covid-19; 2) que se siga la argumentación de que hay que enfocarse en el sector informal porque es quien “abusa los derechos humanos y no el formal” cuando, si bien es importante abordar las causas estructurales de tener un sector informal, la economía informal suele ser una actividad de supervivencia y, en muchas ocasiones, pequeño negocio familiar.

Las aproximadamente 14 organizaciones cúpula del país que representan aproximadamente el 80 % del PIB en México y que suelen representar al sector privado en estos procesos de política pública, deben tener uno de los principales niveles de responsabilidad para difundir esta agenda entre sus pares y asegurarse de estar en cumplimiento con el respeto a los derechos humanos, tal como lo dictan los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en sus artículos sobre implementación de mecanismos de debida diligencia en derechos humanos en la actividad empresarial.

Por supuesto, el Estado es el máximo sujeto de obligaciones en materia de protección de los derechos humanos y estos no se negocian. No es hasta dónde se puede o se permite estirar la liga, es un mandato por el interés público de quien el Estado representa.

Agencias como el PNUD llegan a apoyar técnicamente al Estado, con un contexto del país parcial e incompleto, porque desde que inició el proyecto² de apoyo con el gobierno mexicano para avanzar en el Plan Nacional, no han tomado en cuenta a titulares de derechos o las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para discusiones, diálogos, propuestas, historia, necesidades. Pero sí toman en cuenta al sector empresarial para dar su voz desde el inicio.

En el discurso empresarial se encuentra el discurso de que las personas y grupos titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil “sólo se quejan”, sin comprender el punto central de la necesidad de una política pública y regulaciones en la materia que aborden la cantidad inmensa de casos de afectaciones a los derechos humanos, incluyendo a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.³

Aún nos falta por conocer la ruta de trabajo, de forma clara y transparente, con responsabilidades y metas, así como asegurar un proceso en que los titulares de derechos y el medio ambiente estén en el centro de la conversación. Se esperaría que en el texto que la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación plantea sacar como borrador en julio de 2023 se integren efectivamente los comentarios de titulares de derechos y de la sociedad civil, en un proceso genuino de inclusión y de apertura y mantenimiento del espacio cívico.

Es la oportunidad para que el gobierno mexicano genere confianza de todos los actores y se mantenga firme ante las necesidades existentes, sancione a aquellas empresas que abusan de los derechos humanos de manera proporcional al daño, se asegure de la reparación integral de dichos daños causados, se prevenga la repetición y se aborde la deuda histórica de varias empresas y del mismo Estado ante casos de abusos y violaciones.

Un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y regulaciones en la materia deben servir para abordar las causas estructurales que permiten dichos abusos y violaciones a los derechos humanos, que socavan la estructura política del Estado que permite un extractivismo sin control, que devuelva el poder colectivo y equilibre el que se le ha dado a las grandes empresas transnacionales y nacionales, reconociendo y abordando riesgos de captura corporativa, para así proteger el interés público, con las herramientas existentes y desarrollando otras cada vez mejores. No  promoviendo el crecimiento económico sin rumbo, sino los avances para proteger los derechos humanos y los bienes naturales comunes para una verdadera sostenibilidad.

* Ivette González es Directora de Vinculación Estratégica e Incidencia de @PODERlatam.

* Este artículo fue publicado en El Plumaje de Animal Político.