Autoridades premiaron durante la pandemia por covid-19 a empresas que fueron señaladas y sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por realizar actos monopólicos en licitaciones de gobierno, ganando más de 25 millones de pesos en contratos, violentando la justa competencia.

Se trata de las firmas DICIPA, S.A. de C.V.; CENTRUM Promotora Internacional, S.A. de C.V. e Instrumentos y Equipos Falcon, S.A. de C.V.; quienes aparecen como receptoras de 25,482,478 pesos a través de 9 contratos públicos, tres de los cuales se realizaron por adjudicación directa.

La información de los mismos aparece en la concentración de contratos realizada por PODER y Serendipia (ComprasCovid.mx) sobre licitaciones del Gobierno de México durante la Emergencia Sanitaria que reevelan las adjudicaciones realizadas entre enero y agosto de este año en las que el Gobierno Federal gastó 7,000 millones de pesos para atender la epidemia de COVID-19, es decir, el 1.84 por ciento del total adjudicado en contratos federales durante los primeros 8 meses del año.

Asimismo, estas firmas aparecen en el capítulo segundo, sobre Prácticas Monopólicas Absolutas, publicado por el pleno de la COFECE. Las firmas Falcon, DICIPA y CENTRUM, según se puede leer en el documento en manos de este medio de comunicación, fueron multadas por 105,150,000 pesos cada una debido a que se resolvió que las empresas violentaron el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

COFECE define las Prácticas Monopólicas Absolutas como “Cárteles del mercado”. Según sus informes, se habla de esta ilegalidad cuando existen acuerdos secretos entre competidores comerciales; estos acuerdos son calificados como un ataque directo a los principios de competencia, debido a que son los competidores quienes pervierten los costos, cantidades y se asignan mercados, sin el conocimiento del consumidor.¹

Por otra parte, la ley explica que las Prácticas Monopólicas Absolutas, una vez comprobadas por el pleno, deberían servir para volver nulas las licitación donde se identificó esta práctica, y en consecuencia, dicha licitación no producirá efecto jurídico alguno (obligaciones de contratación). Asimismo, se explica que las empresas que incurran en esta práctica, se harán acreedores a las sanciones aplicables según la jurisprudencia, así como a las posibles responsabilidades civiles y penales que pudieran resultar.

A pesar de las consecuencias antes descritas, nada impide que las empresas calificadas por el propio estado como cárteles del mercado puedan continuar licitando en el gobierno.

Antecedentes e irregularidades

Las denuncias se publicaron en agosto de 2020, pero las autoridades tenían más de dos años investigando a estos grupos empresariales. Los señalamientos de la COFECE apuntan a que este cártel del mercado generó un grupo o holding de marcas que se coordinaron para modificar los costos de los servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocó.

Por este caso, la COFECE denunció a 11 empresas y 14 personas físicas, además de imponer multas por la cantidad de 626,457,000 pesos. A estas firmas se les pudo comprobar que habían intercambiado información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el IMSS.

Según reportan, desde 2008 los representantes del grupo conformado (inicialmente) por Seme y Semece, CENTRUM, Hemoser, Impromed, Falcón y DICIPA acordaron repartirse las licitaciones lanzadas en diversas delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAEs) del IMSS a partir de la identificación de la supuesta capacidad que cada uno tenía en las respectivas delegaciones.

La investigación refirió que existieron algunos arreglos entre los agentes que tuvieron por objeto establecer posturas o la abstención en licitaciones, e intercambiar información con el objeto de hacer perder al Estado. Esto ocurrió específicamente en las licitaciones del IMSS en 2008 e ISSSTE en 2010 con los mismos miembros denunciados por COFECE, según el expediente número DE-011-2016, del cual PODER posee una copia en su versión pública. ²

¿Quiénes son las que ganaron durante la covid?

La firma DICIPA se presenta como una empresa que oferta servicios de banco de sangre. Esta empresa fue fundada en 1979 y radica en la Ciudad de México. Entre los socios comerciales reportados aparecen las firmas Roche, Philips y Siemens.

A principios de año, la firma fue objeto de señalamientos públicos debido a que apareció en el listado del presidente Andrés Manuel López Obrador como coparticipe de la red que denominó “huachicoleo de las medicinas”. DICIPA S.A. de C.V. habría recibido un contrato superior a los 101 millones pesos por la prestación integral de pruebas de laboratorio en los hospitales, de acuerdo con el contrato 134/2019. ³

Esta misma empresa fue señalada el 27 de mayo de 2020 por comerciar ventiladores de la marca Stephan EVE durante la covid, subarrendando el servicio de otras razones sociales para el IMSS, ya que esos aparatos previamente habían sido rechazados por la Secretaría de Salud por tener precios desiguales. ⁴

Durante la pandemia, DICIPA ha tenido 5 contratos, uno con el IMSS por adjudicación directa y 4 con el Instituto Nacional de Pediatría (INP) por licitación pública, por un total de 20,404,578 pesos. Entre los bienes que vendió se encuentran reactivos para laboratorio, según documentaron PODER y Serendipia.

Por su parte la empresa CENTRUM, que también radica en la Ciudad de México, se oferta en el mercado como fabricante de insumos médicos desde 1991. Esta empresa fue denunciada recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, por sostener la segunda deuda más grande del Hospital Infantil de Especialidades que asciende a los 187 millones de pesos. ⁵ Durante la pandemia, esta empresa recibió un solo contrato superior a los 3 millones de pesos para subarrendar al Instituto Nacional de Pediatría los servicios de hemocultivos (Banco de sangre).

CENTRUM aparece desde julio como una de las firmas médicas beneficiada por el exsecretario de salud de Chihuahua, tras revelarse que le fue otorgado un contrato para recibir equipos de laboratorio y análisis clínicos por 399 millones de pesos. La empresa fue denunciada ante instancias federales por sobreprecios para el reparto de recursos. ⁶

Finalmente, la empresa Falcon, también del centro del país, tiene un fuerte peso en el mercado de Jalisco, principalmente con el Hospital Civil de Guadalajara y las clínicas del IMSS de esta delegación. Fue justo en esta entidad, que las autoridades tuvieron que suspender el fallo de una licitación para los servicios de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) debido a una medida cautelar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TAE) interpuso por que las empresas licitantes no cumplieron con los requisitos de la Secretaría de Salud.

Falcon recibió tres contratos durante la emergencia sanitaria que juntos ascienden a 2 millones de pesos. Los motivos de contratación para esta firma fueron: compras de pruebas serológicas para diagnosticar la covid, suministros de laboratorio no especificados y la adquisición de reactivos en calidad de comodato.

Fue en julio de este mismo año, cuando las OPD de Jalisco dieron por desierta la licitación, 430680001-017-2019, para brindar servicios de software y análisis mediante tecnología de los Bancos de Sangre. En dicho dictamen, la empresa en cuestión fue descalificada junto a sus competidores y se tuvo que programar un nuevo dictamen de concurso.

En general, las tres firmas que ahora licitan contratos en mitad de la crisis sanitaria se han visto involucradas en diversas anomalías que desacreditan su capacidad de competencia. Sin embargo, debido a que la única dependencia que puede instruir que no participe algún proveedor es la Secretaría de la Función Pública (SFP), en tanto no se realicen estos pronunciamientos, las firmas seguirán sangrando al país.