La familia Torres-Landa en el estado de Querétaro, ha demostrado que la opulencia se construye de la mano del poder político. Estos grandes feudos, con ayuda de políticos de diferentes partidos, han logrado manipular tanto el flujo del servicio de agua potable de todo un poblado, como el lugar donde se construyen desarrollos inmobiliarios.

En las inmediaciones de la Presa Juriquilla la familia en cuestión, construyó un complejo de bares, restaurantes, campos de golf e inauguraron un parque de esquí acuático en el que todos lo años se celebran competencias. Todo esto, mientras las comunidades aledañas no pueden ni pagar los costos por servicio de agua potable que asciende hasta 5000 pesos por inmueble.

Debido a esto, los pobladores originales de Juriquilla han tenido que desplazar sus viviendas a las orillas del poblado. La especulación financiera derivada de este desarrollo denominado “El Querétaro Moderno” impulsado por políticos y empresarios, resultó en realidad, en otro caso de extractivismo a quienes originalmente conformaron el pueblo.

Gracias a una investigación colaborativa entre PODER, el Laboratorio de Investigación Periodística (LABIP) y Bajo Tierra Museo en Querétaro, se revelan algunos de los negocios que han ido construyendo tras el amasiato del poder político con el empresarial. Antros y bares, el apoderamiento de una presa y una hacienda, y otros privilegios como evadir sanciones tras no cumplir con obligaciones fiscales.

La relación político empresarial

La novena cumbre de negocios, realizada en la ciudad de Querétaro en 2011¹, reveló otro operador de aguas similar a los Torres-Landa. Se trata Mario Calzada Mercado, exalcalde electo del municipio el Marqués en el mismo estado, quien al igual que los Torres-Landa, posee una Organismos Operadores de Aguas (OPSA) bajo el titulo 4QRO102794/12AMGR96. La similitud entre estos dos personajes, es el cómo se opera El Cajón (o presa Juriquilla) y el cuerpo de agua de El Márques, ambos lugares son donde actualmente se construyen los complejos habitacionales más lujosos de la entidad y con el servicio de agua privatizado.

En esa misma cumbre (que concentró a los empresarios más poderosos del país, liderados por Claudio X. Gonzalez Laporte el presidente del consejo de la firma Kimberly-Clark de México y miembro del Consejo Mexicano del Negocios), el exalcalde priista en El Marqués, Mario Calzada Mercado, y su hermano Miguel, exdiputado local y expresidente del PRI local, se presentaron como representantes de la firma Polo y Sky S.A. de C.V. dueña, según lo publicado en el Diario Oficial del Estado de Querétaro (La sombra de Arteaga) el 18 de diciembre de 2015, de un permiso de uso de agua (concesión) que no aparece en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), irregularidad similar a la que ocurre con la Presa El Cajón, en Juriquilla, que posee un permiso de uso agrícola siendo en realidad un centro de atracciones turísticas (ambos permisos comparten además cuenca hidrológica).²

Resalta, al respecto, que en los datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Siger), Calzada Mercado, posee sociedad en 10 empresas pero ninguna de ellas corresponde a la operadora de Polo y Sky. Asimismo, la firma en cuestión, no existe (o no fue reportada) en los registros federales de Siger. Por otro lado, el empresario Arturo Torres-Landa, sí reconoció propiedad, por lo menos de la concesión frente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la Presa El Cajón en repetidas ocasiones: “Nosotros nos regimos por la dependencia que es Conagua, seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos dan” (sic), explicaba el magnate para los medios locales tras ser cuestionado acerca la seguridad del cuerpo artificial de agua.³

Este lugar, “Plaza Náutica” en realidad se trata de la única presa ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Querétaro, la Presa Juriquilla o lago El Cajón (denominada así por el municipio donde se encuentra). El lugar está constituido por una larga serie de lujosas construcciones inmobiliarias, restaurantes, tiendas departamentales, un muelle, antros y bares. La familia Torres-Landa es quien operan estos últimos.

De aquel lugar y sus propietarios, sólo se puede corroborar documentalmente que la razón social (es decir la empresa) Bienes Raíces Juriquilla S.A. de C.V. es quien administra todos los permisos municipales como la gestión del agua y de los bares y restaurantes; mientras que en el caso de Polo Sky, el complejo de construcción, se encuentra en manos de los hermanos priistas, Calzada Mercado, como lo constata el departamento de licencias de funcionamiento, del municipio de Querétaro en el documento 0600164 en manos de PODER.⁴

La historia del feudo de Santiago

La riqueza que ostenta la familia Torres-Landa contrasta con la vida del resto de los pobladores que habitan el poblado de Juriquilla. El también llamado “Querétaro Moderno” tiene dueño. Y este hecho, la opulencia y el control de la ciudad, se asume con naturalidad.

El poderío comenzó en 1965, cuando el primogénito Juan José Torres-Landa se hizo de un predio donde se encontraba la antigua hacienda Juriquilla. Y se sostiene hasta la fecha. Nadie, ni el municipio o el estado saben cómo llegó una estructura patrimonio cultural de la ciudad, a manos de estos operadores privados (o no lo quieren decir). Al igual que con el predio donde se ubica la presa, las autoridades son cómplices del subsidio a millonarios.

PODER solicitó entrevista con el encargado de atención a medios de comunicación del Gobierno de Querétaro, Nefi Hernández, en más de 12 ocasiones y con más de 3 meses de antelación. Jamás respondieron. Lo mismo ocurrió y con el mismo periodo de tiempo, con Guadalupe Navarro, encargada de prensa de la ostentosa familia.

Entre las riquezas de los Torres-Landa identificada por este equipo de investigación, se encuentran: La Plaza Náutica, un centro de convenciones, seis empresas inmobiliarias y/o constructoras generales, varios hoteles repartidos en diferentes puntos de Querétaro, el parque industrial, edificaciones de lujo como el Castillo en el lago y, finalmente, la hacienda en el centro del poblado de Juriquila que contempla varios desarrollos de viviendas de lujo, albercas, un hotel dentro del mismo predio y uno de lo los seis clubs de golf que conforman el complejo para este deporte en el área metropolitana de Querétaro (AMQ).

La más polémica de sus razones sociales, resulta ser Bienes Raíces Juriquilla, S.A. de C.V., esto es debido a que constantemente se encuentra en conflicto por el abastecimiento de agua del poblado por el que lleva el nombre. Esa misma firma, actualmente contempla la posesión de nueve concesiones de agua según información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).⁵

La concesión con más metros cúbicos por año ( es decir, la más cuantiosa) que posee la firma de los Torres-Landa contempla el uso de 2,018,304.00 metros cúbicos provenientes de la cuenca Lerma-Santiago y es de uso público urbano. En total, de los nueve permisos de uso de agua, seis corresponden a la modalidad “descargas” (es decir, desperdicios de agua) y los tres restantes suman un total de 5,744,808 metros cúbicos por año.

Pese a lo anterior, es decir, que se trata de una compañía tan grande que puede gestionar nueve concesiones de agua, de ofrecer servicio de alcantarillado para toda la delegación y poseer una propiedad inmueble con superficie de 27,753.68 y 245,544.11 m2 (según lo reportan las autoridades del propio municipio⁶), los Torres-Landa, registraron a Bienes Raíces Juriquilla S.A. de C.V. como una “Pyme”, es decir, pequeña o mediana empresa.⁷

En 26 años, de 1993 a 2019, Querétaro entregó 7,718 permisos de extracción de agua. De esos permisos, gracias a esta investigación, se detectaron 22 OPSA en los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro. El 45 por ciento fueron constituidos de forma irregular porque no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales emitido por la Conagua y se desconoce la cuenca de donde lo obtienen en una entidad que enfrenta problemas de escasez

Este mismo régimen, de servicio privado de agua, se encuentra la empresa Bienes Raíces Juriquilla y la presa en manos de los Torres-Landa. Además de dicha irregularidad, al ser los principales propietarios del poblado, un error administrativo como la suspensión del pago al servicio le cuesta a todo el municipio. Así ocurrió el 04 de junio de 2018 cuando varios medios de comunicación locales reportaron que debido a la falta de pago de Bienes Raíces Juriquilla por el servicio de agua al CEA y respectivamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), toda la comunidad de Juriquilla se quedó 23 días sin servicio de agua potable. Los responsables, jamás dieron explicaciones al respecto.⁸

Mientras los Torres-Landa se apropiaron de la, originalmente denominada, “Presa Juriquilla” para convertirla en la Plaza Náutica, PODER pudo comprobar, con recibos por insumos de agua en físico, que ciudadanos del sector popular de la colonia Zibatá, reciben facturas de hasta cinco mil pesos por un mes de agua potable en sus domicilios. Esto ha obligado a algunos habitantes a tener que suspender el vital servicio y construir mecanismos de recolección caseros.

Depresión hídrica en tierras de esquí acuático: los nuevos ricos

Pero los Torres-Landa no son los únicos haciendo negocios turbios. La causa de la sequía, según explica a PODER la diputada del partido Morena, Laura Polo Herrera, es que la industria inmobiliaria evade entregar los desarrollos de vivienda al municipio consiguiendo permisos de operación de agua y subarrendando el servicio que debería ofrecer el Estado.

Un claro ejemplo de lo mencionado por la legisladora, es el caso de la empresa Proveedora H2O Querétaro, S. de R.L. de C.V. una de las compañías que compró a Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia de la República una de las naves industriales por las que se le acusa de lavado de activos.⁹

Al respecto, la legisladora Polo Herrera, se pronuncia en contra de los desarrollos inmobiliarios que sustraen ilegalmente agua para uso privado, y que, en realidad se trata de permisos públicos (como en el caso de los Torres-Landa). Asimismo, la asambleísta presentó una iniciativa sobre el derecho humano al agua con la que pretende que sea responsabilidad del Estado el otorgamiento del servicio, sin embargo, la mayoría panista del cabildo obstaculizó la propuesta de ley local.

En la actualidad, Querétaro es el único estado de la república que no contempla una regulación local de uso de agua, es decir, el órgano operador de agua depende en su totalidad de la voluntad del Ejecutivo.

Polo Herrera, explica: “Son contratos particulares que hace la Comisión Estatal del Agua (CEA) con empresas inmobiliarias que no han sido entregadas a los municipios, es ahí donde está el problema. Si un condominio o una colonia no se entrega al municipio, aparece esta figura de administradores del agua (…) Nosotros como comisión hemos identificado a algunas de las empresas que se encuentran vendiendo el agua y que no son operadoras”.

Ese modo de operar, según explica la legisladora, ha ocasionado que algunos municipios se queden sin agua, hasta por 10 años. La explicación es la siguiente: alguna autoridad (el municipio) expide permisos de construcción a las desarrolladoras inmobiliarias, estas a su vez consiguen permisos de vivienda para dicho proyecto que ellos jamás concluyen, de esa manera, se perpetúan como los grandes operadores de vivienda, luz y agua. Es decir, un negocio redondo. Lugares como la localidad de Piñones, donde nace precisamente toda el agua, son un ejemplo de lo que menciona la asambleísta al carecer de una autoridad que otorgue el servicio de potabilidad.

Sobre el caso de acaparamiento de la Presa Juriquilla, la diputada explica que conoce la situación de privatización de la presa donde construyeron un parque privado pero no se tiene registro de denuncias por acaparamiento de agua: “De lo que sí sabemos es que existen denuncias ante PROFECO por recibos excesivos y de agua contaminada”.

Académicos advierten sequía

Pero el problema de la falta de agua es de toda la Región Valle, y hasta el momento, se tienen registros de que el estado de Querétaro se encuentra extrayendo aguas fósiles lo cual apunta a una escasez generalizada, revela para este medio de comunicación, Samuel Rosado Zaidi académico de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El académico junto a su colega del mismo departamento, Octavio Rosaslanda, realizaron un análisis de información satelital con el fin de localizar lo que ellos denominan la región del “dragón chino”.

El dragón chino es, en realidad, una categoría que los académicos adoptan a la ubicación geopolítica de la industria mexicana en el Bajío. Es decir, coordenadas de operación relacionadas con la industria manufacturera, minera y agroindustrial del país, en las que, gracias a la visualización de estos puntos se puede apreciar una figura de dragón sobre el territorio nacional: “Si pudiéramos ver la región desde el aire e ilumináramos sólo la industria, se podría ver claramente el dragón que va desde Querétaro, Salamanca y llega hasta León ”.

Por su parte, el académico Octavio Rosas Landa, explica que la promulgación de una ley local no solucionaría el problema. Según argumenta, “Dado que la ley federal lo permite (la privatización), la promulgación de una normativa a nivel local resultaría en la validación de la estructura de las operadoras irregulares”. En cambio, el académico también asegura que resulta indispensable la modificación de las actuales leyes para que el país reconsidere la figura de concesión con el objetivo de no privilegiar a la industria sobre las necesidades humanas.

El resumen de la investigación de estos académicos es que algunas concesiones contienen información falsa y a que existe un grupo de empresarios responsables, algunos de ellos, concentrados en Querétaro. Según comenta Rosado Zaidi, aunque las autoridades argumentan que el 70 por ciento del agua la consume la agricultura, en realidad se trata de un registro mal elaborado.

“Con eso culpan al campesinado y comunidades indígenas de que son ellos quienes consumen el agua, cuando lo que nosotros encontramos fue que tan sólo el 10 por ciento de éstos concentran más de la mitad de todos los permisos de agua en el país. Normalmente son grandes empresas, terratenientes, minería e industria. Es decir, aunque diga –uso agrícola–, no se trata de una realidad”, asegura el académico.

El escenario para los investigadores es poco alentador. La causa de una catástrofe como la planteada por los académicos, se debe a que las autoridades sólo contemplan tres tipos de concesiones de uso de agua por rubro: público urbano, industriales y agrícolas. De estas, según datos recabados por estos académicos y provenientes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tan sólo el 1% están siendo inspeccionadas por la Conagua. “El agua que dice la Conagua que se usa, es un registro estático, no existe evidencia clara de cuánta agua se está utilizando en el país”, finaliza.

2000/2020

Este proyecto fue realizado gracias a la colaboración de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Laboratorio de Investigación Periodística (LABIP) y Bajo Tierra Museo en Querétaro, cada institución se responsabiliza por el contenido de sus propios productos y no del conjunto de los mismos.

• LABIP: Documental
• Bajo tierra Museo: Informe

Fe de erratas: En una versión anterior a este reportaje se vinculó empresarialmente a la Familia Torres-Landa con los hermanos Calzada Mercado. Dicha relación no puede ser sostenida de manera documental por lo que se realizaron los cambios correspondientes al reportaje.