Este reportaje es parte de “Víctimas Paralelas: las afectadas de las que no se habla”, un proyecto de Serendipia/PODER.

Un hilo de muerte recorre aguas mexicanas de la frontera colindante con Estados Unidos hasta la costa del Pacífico en el estado de Sonora. La causa: un derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, de la empresa Grupo México, S.A.B. de C.V. propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, que contenía 40,000 m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (es decir metales pesados peligrosos para consumo humano) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta llegar a la presa El Molinito con la que se abastece todo el centro de Hermosillo, capital del estado.

El principal reto para las comunidades que colindan al Río Sonora es el olvido. Han pasado ocho años desde que México sufrió el mayor desastre medioambiental minero del que se tiene registro en el país, y por el momento, lo que permea en la población es la desinformación de las zonas urbanas y la resistencia de las comunidades rurales que luchan contra el olvido.

El 6 de agosto de 2014, el destino de las nueve comunidades colindantes a estos cuerpos de agua fue redirigido tras el derramamiento de metales pesados¹. La realidad, ahora, apunta a que estas comunidades poseen una tasa de mortalidad que alcanza el 20% superior a la media nacional y llega hasta el 215% en casos por insuficiencia renal; hasta 375% por malformaciones congénitas y hasta un 2000% superior por neoplacias malignas.

El contexto es muy claro: “Todas las comunidades aledañas al río estuvieron expuestas”, así lo explica el académico de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Samuel Rosado-Zaidi.

MAPA: Samuel Rosado-Zaidi (UNAM).

“El mapa, así a grandes rasgos, lo que demuestra es que la empresa Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México está justo al lado de la frontera con Estados Unidos y lo que se puede apreciar es que es justo en donde dice INEGI que comienza el río Sonora, el cauce principal. Aunque dicen que el fideicomiso era para atender a las localidades próximas al río, lo que pasa es que en realidad en todos lugares aledaños al río ya se presenta una mortalidad superior al 20% de la media nacional en todos los puntos cercanos al río. Otro punto relevante es que el río Sonora desemboca en una de las regiones agrícolas más grandes del país, que por lo menos abastece la zona metropolitana de Hermosillo”, explica el maestro Rosado-Zaidi.

Para la reparación del daño a las comunidades se contempló la implementación de un fideicomiso con el que tanto las autoridades como la empresa, gestionarían los fondos destinados a tal fin.

Sin embargo, la empresa decidió extinguir dicha medida sin haber usado la totalidad del recurso y sin haber cumplido a cabalidad con las promesas a los pueblos afectados. En total, se etiquetaron 2 mil millones de pesos (mdp), de los cuales sólo fueron utilizados aproximadamente 1 mil 270 mdp. La razón según la explican activistas locales (y la misma empresa), es que se trataba de una medida voluntaria y no de un compromiso con la ciudadanía.

La medida que implementó el Estado resultaba evidentemente insuficiente: “La multa más grande que ha cobrado la PROFEPA hasta 2020 es de 7 millones de pesos, y esa multa, hicimos un cálculo en donde resultó que se estaban gestionando 8 centavos de pesos por habitante afectado por el derrame del río (Sonora)”, explica el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sobre este tema – las multas emitidas por el Estado Mexicano – el académico explica que el país considera estándares muy inferiores al resto de países en el mundo, es decir, contaminar en el país resulta muy barato. “De las 4,505 emergencias ambientales que se reportan en México, sólo 7 derivaron en clausura de empresa culpable (…) En contraste, la Unión Europea sanciona al gobierno francés con 10 millones de euros semestrales por no cumplir sus metas de contaminación atmosférica. Esto es casi $240 millones (MXN) por cada 6 meses de incumplimiento”, explica al académico.

Asimismo, agrega que las sanciones además de insuficientes son obsoletas dado a que los montos de recaudación son tan inferiores al resto de países, que resultan incapaces de reparar un daño como el ocasionado por Grupo México al Río Sonora.

“Si el Estado Mexicano cobrara este nivel de multas (el estándar europeo), durante el periodo 1995 al 2020 se hubiesen obtenido $12,000 millones MXN en multas. Si hubiera cobrado 10 veces menos por cada emergencia (24 millones), hubieran sido 5 billones de pesos. Esto sin considerar que cada emergencia es distinta y requeriría una ponderación acorde”, finaliza.

El monólogo: el futuro de una crisis que se niega

Tras las elecciones intermedias del 6 de junio, donde el partido del actual presidente logró ocupar 11 gubernaturas de 15, Alfonso Durazo Montaño ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, logró la sucesión de su partido al ocupar el cargo previamente representado por Claudia Pavlovich Arellano frente al Ejecutivo Estatal.

Dicha sucesión atrajo como titular para el organismo operador de la Comisión Estatal del Agua a José Luis Jardines Moreno, también ex funcionario federal quien reconoce que el estado es incapaz de resolver el problema hídrico de su entidad. Dicho cambio “ilusionó”, según narran algunos campesinos, principalmente a los pobladores ubicados en el Hermosillo rural, ya que esperaban que la nueva administración buscara algún proceso de reparación del daño.

Esto jamás ocurrió. Incluso, las autoridades locales del municipio de Hermosillo niegan que sus cauces se encuentren contaminados pese a los núcleos de enfermedades reveladas por el investigador de la UNAM y a que la federación sí lo reconoce.

Las localidades de Topahue y San José de Gracia, ambas ubicadas en la zona rural del municipio de Hermosillo, son las comunidades que recientemente fueron diagnosticadas, por el Gobierno Federal, como afectadas por el derrame tóxico en el río y que no fueron contempladas en el fideicomiso ofertado por la empresa Grupo México para ser acreedoras a los tinacos que compraron en ese fondo y actualmente se encuentran desconectados y sin servicio.

La nueva información aparece en el documento “Abordaje toxicológico de la salud”, en manos de PODER y aportado por la Secretaría de Salud (SSa) y Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), explica que dichas instituciones realizaron un muestreo entre los pobladores para identificar metales pesados en la sangre y la orina.

Datos: Gobierno de México

Los resultados arrojan que la gran mayoría de las personas analizadas presentaron metales pesados como el plomo, manganeso y cadmio en la sangre; mientras que las muestras de orina revelan metales como cadmio, manganeso, plomo y arsénico. Ningún funcionario público pudo responder el por qué de la discordancia de información entre el Gobierno Federal, el Gobierno de Sonora y la alcaldía de Hermosillo.

Sin embargo, pese a las pruebas institucionales de la federación y los académicos de la UNAM entrevistados por PODER, la constante en los funcionarios públicos de Sonora estado y Hermosillo capital es la uniformidad de discursos a favor de la empresa Grupo México.

Todos los funcionarios entrevistados (titular del organismo estatal de aguas en Sonora, titula del organismo municipal de aguas de Hermosillo y la titular de toxicología) pronunciaron la siguiente frase: “No existen pruebas de que el río no estuviera contaminado previamente al derrame”. Y arremeten: “No estoy defendiendo a la empresa”.

Pero sí lo hacen. Por ejemplo el titular del Sistema Estatal de Aguas de Sonora, José Luis Jardínes Moreno, explicó ampliamente los procesos por los cuales el estado intenta ofrecer los mejores servicios posibles con un listado de carencias que parece nunca tener fin. Asimismo reconoció que Sonora cuenta únicamente con un químico para tratar todo el agua del Estado.

“Comenzaré por decirle que el problema no es de un municipio; son varios. Toda la cuenca del río Sonora que es el tercer río en importancia del Estado, sobre él están construidas dos presas: El Molinito y Abelardo Rodríguez cuya agua está concesionada para el agua potable de Hermosillo. Entonces, desde que ocurrió el derrame se ha evitado usar el agua del Molinito y SEMARNAT ha estado muestreando suelos, aire y agua. De los informes que usted comenta, pues estamos preocupados por la cuestión. Incluso tenemos reuniones periódicas en que intervienen autoridades federales. En ese sentido, el Plan de Justicia de Cananea está avanzando”, explicó el titular del organismo estatal de agua de Sonora.

Asimismo, Jardines Moreno explicó que, cuando llegó la administración de Durazo a Sonora, sólo estaba en funcionamiento un total de 10 plantas de tratamiento en la entidad que debían de ser utilizadas para potabilizar el agua, por lo que el gobierno en turno tuvo que absorber el gasto de reparación para que este no recayera sobre los y las sonorenses. También comenta que actualmente la entidad cuenta únicamente con 1 químico para tratar el agua.

VIDEO Y ENTREVISTA: Ricardo Balderas.

Por su parte, el titular del Sistema Municipal de Aguas de Hermosillo, Renato Ulloa Valdez, simplemente negó la autenticidad de los informes más recientes presentados por la federación, pese a que el Gobierno del Estado sí los reconoce, y en donde se revela que el agua de la presa El Molinito con la que abastecen la zona centro de Hermosillo se encuentra contaminada. También negó las pruebas toxicológicas que revelan metales pesados en la sangre de los pobladores.

Ulloa Valdez también comenta que una posible razón de la discrepancia entre su información y la que revela el Gobierno Federal recientemente, puede derivar de que los organismos internacionales son más estrictos en lo que refiere a la potabilidad del agua. Sin embargo, él asegura que no está obligado a gestionar de mejor manera el recurso hídrico de Hermosillo, pese a que se trata de normas que no poseen actualización desde hace casi 30 años, dado que su organismo cumple con las normativas mexicanas vigentes.

“No estamos en ningún programa, ni en ninguna mesa. Pero tampoco estamos en contra. Cuando esto se dio hace muchos años, el organismo operador hizo pruebas -como tú bien dices- del agua que sale del río Sonora a la ciudad a través de la Presa el Molinito y que sale de nuestras plantas potabilizadoras desde el 2015 y 2016, y tenemos los resultados ahí, y no hay ningún problema, no hemos detectado ningún problema (…) En el Hermosillo rural tenemos fluor principalmente; ese es nuestro principal problema. Pero hasta ahorita, gracias a dios, estamos dentro de la norma”, explica el titular de aguas de Hermosillo.

También, Ulloa Valdez, aseguró que hasta el momento la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), jamás les ha notificado que tengan algún problema, esto a pesar que los estudios sobre la contaminación de los cuerpos de agua en Hermosillo son públicos en los sitios del Gobierno Federal.

VIDEO Y ENTREVISTA: Ricardo Balderas.

Y tenía razón. La única toxicóloga del municipio, María Esthela Araiza, explica que su organismo sub arrenda los servicios de análisis toxicológicos a la empresa Analítica del Noroeste S.A. de C.V. cuyos resultados revelan que en el 2022 efectivamente encontraron aluminio y hierro en el agua depositada en la presa El Molinito. Empero, asegura que: “Una vez que pasan por el proceso de potabilización, estos se encuentran dentro de los límites establecidos por la NOM (Norma Oficial Mexicana promulgada en 1994 y sin ninguna actualización vigente)”.

Es decir que en papel, a pesar de las discordancias entre la información estatal, federal y municipal, sí cumplía con los estándares que las autoridades mismas demarcaron.

PODER solicitó en repetidas ocasiones entrevista con el Gobernador, Alfonso Durazo, con el objetivo de conocer cuáles serán las medidas que implementará a partir de la nueva información respecto al derrame de Grupo México pero se negó explicando que era un tema que le correspondía responder a la Comisión Estatal de Aguas de Sonora.

COVID, desastre medioambiental e inseguridad

Para los pobladores, las realidades de papel no bastan. Ellos conocen perfectamente cuáles son los problemas en su comunidad: la inseguridad, el desempleo, la violencia, la falta de infraestructura básica como drenaje y la contaminación de un río que pasó de hacer crecer las cosechas de cada año a matar el ganado e inundar casas.

Y sí, cómo lo explicó al inicio el académico, las personas que viven en el Hermosillo rural conocen de las enfermedades que llegaron con la contaminación del río Sonora. Y esta situación, la de la insalubridad y la contaminación, parecen arrebatar protagonismo al abandono de estos caseríos.

La COVID-19 llegó a estos poblados sin hospitales cercanos. Y sí, cobró varias vidas como lo hizo en el resto del mundo. Además de enfrentar a una de las empresas más poderosas del país, los constantes ataques a la población por grupos de la delincuencia organizada, los campesinos de localidades como San José de Gracia, El Cantón y Topahue, tuvieron que lidiar con el abandono del gobierno.

Gabriela Martínez, quien recientemente se adhirió a los Comités de Cuencas tras perder la vida un familiar cercano a causa de una enfermedad extraña, comenta que otro de los problemas es que la zona donde Hermosillo practica la pesca es justamente la presa el Molinito, lugar donde anteriormente se podía transitar libremente pero que tras el derrame se encuentra cercada. La preocupación de Gabriela es que desconocen las implicaciones de alimentarse con animales contaminados y que las autoridades jamás han ido a explicar sobre estos posibles riesgos.

“El derrame es de ocho años para acá (2022), entonces en el derrame se han visto varias afectaciones todo este tiempo. Me refiero a contaminación del agua, afectaciones a la comunidad de pescadores y ganado. Si te das cuenta, el problema sigue. Normalmente la gente pesca en este cuerpo de agua. Nunca nos ha tocado que nos den información, aquí en la Presa el Molinito es a dónde llega el río Sonora y podría decirte que toda la comunidad de San Francisco se dedica a la pesca”, explica.

Finalmente, la comisario de la comunidad de San José de Gracia, María Filomena Bonilla, mejor conocida como Mena, lo explica en exclusiva para PODER que la vida en Hermosillo rural durante la pandemia significó principalmente migración y aislamiento.

“Nosotras tenemos que seguir comprando el agua. Agricultores y ganaderos nos vimos afectadas, incluso tuvimos que tirar la leche porque tras la contaminación no podíamos elaborar quesos o productos con este ganado. Otra cosa que pasó es que hubo migración porque ya nadie se pudo dedicar a lo que hacía. Grupo México jamás se paró. Hubo un fideicomiso fallido porque la atención médica nunca ocurrió (…) Durante la pandemia afortunadamente nosotros estamos al aire libre pero jamás hubo asistencia médica y todo el tiempo temíamos contraer la enfermedad porque no había dónde atenderse”, explica.

Mena además agrega que también perdió a un familiar: su esposo. Ella espera justicia y participa en los Comités de Cuenca en espera que la empresa Grupo México asuma su responsabilidad sobre las afectaciones de toda su comunidad.

VIDEO Y ENTREVISTA: Ricardo Balderas.