Instituciones de salud que no comparten información entre sí, información que hace y desaparece el Conacyt, militares que nada más no responden (no vaya ser que les interrumpamos la vacación), una Comisión de derechos humanos más perdida que la Wendy Guevara cuando se fue al cerro con su amiga, y cobros por más de tres mil pesos “para ver” si se les antoja compartir información como listas de asistencias (a veces si, a veces no, hoy no), son las maravillas que este 2022 nos traen las Unidades de Transparencia (UT) de nuestro México lindo y qué herido.
1.- En el primer lugar, carísimo de París por cierto, el premio a de La Más Opaca, se lo lleva el Centro de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión (CEDIP), que respondió a la solicitud 1639 de este año que para conocer los nombres, sueldos, salarios y asistencia del personal adscrito a dicha dirección, las personas interesadas deberán pagar un monto superior a los 3 mil pesos por consulta y por 298 copias simples que “podrían tener la información que solicitamos”. O bien podríamos pagar pero quedarnos sin respuesta. Gracias por nada.
2.- En segundo lugar, pero no menos memorable, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) querespondió a la solicitud 0492 que ellas están aquí “para recibir quejas” (sic), no para transparentar los acuerdos y convenios que la institución realizó con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a los criterios de uso de datos personales recabados por las listas de personas desaparecidas o no localizadas. Muy probablemente Rosario Piedra se fue con la Wendy al cerro cuando explicaron que el acceso a la información es un derecho humano.
3.- En tercer lugar tenemos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), clientazo de nuestras reporteras, que sin dar más explicación respondió que “no están obligados” a generar documentación ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información. El problema no es la respuesta, sino que solicitamos en el folio 0442 información sobre los operativos realizados durante el año con sus respectivos resultados (incautaciones, sometidos a proceso, e inventarios), lo cual, hace creer que la SEDENA simplemente detiene a destajo cuanta persona se le cruce, así a ojo de buen cubero… ya después documentarán.
4.- Para el cuarto lugar, tenemos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que para no responder a la solicitud 0158, argumentó que simplemente “no existe”. Alegando que tras la reforma del 2019, la institución únicamente se limita a administrar pagos y no cuenta con estructura “orgánica”. En pocas palabras, son una chequera gigante sin responsabilidad para rendir cuentas porque: “el FONSABI (fideicomiso con el que opera INSABI) no tiene entre sus atribuciones la generación y/o resguardo de la información relacionada con su requerimiento (es decir, contratos)”.
5.- Bien dicen que no hay quinto malo. Y para este certamen final, tenemos a la Secretaría de Gobernación que respondió al oficio 0031 que podía compartir la cantidad de periodistas o defensores de derechos humanos que se encuentran en calidad de protegidos, pero que no podían compartir información sobre los medios de comunicación o asociaciones de la sociedad civil a la que pertenecen. “A veces si, a veces no, hoy no”, diría nuestra comadre la Burrita Burrona.
