¿QUÉ HACEMOS?

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro.
Busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales, con el fin de que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

PODER se enfoca en comunidades locales afectadas por empresas de industrias no deslocalizables, incluyendo los sectores extractivos, de infraestructura, transporte y manufactura pesada. Además, da prioridad a proyectos en ciudades globales, específicamente en los sectores financiero, de seguros e inmobiliario, donde los mecanismos de remediación económicos, financieros y otros tienen más impacto para las comunidades.

Enfoca sus esfuerzos principalmente en México, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia (las principales economías de la región), y ocasionalmente en El Caribe, América Central y América del Sur.

Trabaja desde una perspectiva interseccional y de género, tanto internamente como en su trabajo programático. Analizar el poder y los privilegios está en el corazón de las estrategias y el trabajo de la organización.

• Realiza investigación corporativa de industrias estratégicas para evidenciar patrones de captura del estado y violaciones a derechos humanos por parte de empresas, para disminuir la asimetría de información, y afinar estrategias de rendición de cuentas y acceso a la justicia por parte de comunidades y trabajadores/as afectados por la actividad empresarial.

• Desarrolla plataformas y herramientas tecnológicas que promueven la apertura de datos sobre el sector privado y sus relaciones con el Estado, incluyendo bases de datos, visualizaciones, y plataformas de filtración de información como Méxicoleaks, Perúleaks y Chileleaks. Además, desde el Periodismo y estrategias de comunicación externa, PODER busca explorar narrativas que permitan exponer la captura del Estado de forma efectiva y comprensible para un amplio público y así hacer presión ante empresas, inversionistas y reguladores.

• Se vincula e incide en el ámbito nacional, regional e internacional con tomadores de decisiones, inversionistas y comunidades para mejorar la regulación y las prácticas dentro del sector privado, así como facilitar el acceso a la justicia y prevenir daños.

• Acompaña procesos organizativos y estrategias legales a las organizaciones de comunidades cuyos derechos han sido afectados por malas prácticas empresariales y promueve el fortalecimiento de sus capacidades para la defensa de sus derechos para que sean agentes de cambio a largo plazo.