José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional -subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex)- durante la compra de la planta de Agronitrogenados a finales de 2013, es quien dio la orden al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para que hiciera el avalúo como si las instalaciones llevaran 14 años funcionando, según información obtenida vía transparencia por PODER¹. A esta irregularidad se sumaron la triangulación de recursos a través del esquema de filiales de Pemex constituidas en el extranjero, repartición del pastel para otras dudosas empresas, ventajosas relaciones familiares entre funcionarios y empresarios, y hasta la devolución de impuestos.

La compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), fue el camino para el soborno que supuestamente recibió por parte de Odebrecht Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex. Entre febrero y marzo de 2014, AHMSA depositó alrededor de 3 millones de dólares a la empresa de papel Grangemouth Trading Company LP, filial de Odebrecht y que a su vez depositó más de 3 millones de dólares a la empresa Zecapan, de Lozoya. Desde diciembre de 2013 Grangemouth había depositado 1.4 millones de dólares a Zecapan, según reportó QuintoElemento Lab².

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La suma pagada por Pemex a AHMSA alcanzó los 760 millones de dólares, por encima de los 450 millones de dólares estimados en un primer momento, y con 60% de la planta inservible. El fiasco de la compra hoy tiene como consecuencia la orden de aprehensión en contra de Lozoya, ya amparado, la detención de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, y también una herencia de opacidad y falta de transparencia que han evitado que el público conozca los detalles de uno de los casos de corrupción más graves protagonizados por Pemex en la última década.

El avalúo favoreció a AHMSA

Lozoya y Carrera Panizzo compartieron universidad en el ITAM³, y en 2013 el primero, en su papel de director de Pemex, ratificó a Panizzo como director de P.M.I. Comercio Internacional. La orden de Carrera⁴ al INDAABIN para que el avalúo se hiciera como si fuera “un negocio en marcha” en lugar de un simple avalúo comercial de los bienes muebles e inmuebles de la planta, elevó el valor de la planta desde un inicio y siempre a favor del vendedor, AHMSA.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no señaló a Panizzo como el personaje detrás de ese avalúo en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, publicado en 2017, pero esta información sí se encuentra en los documentos que usó la ASF para hacer su informe y a los que PODER tuvo acceso.

El INDAABIN determinó como valor real de la planta 181 millones de dólares (2,351 millones de pesos), y el valor como un negocio en marcha en 293 millones de dólares (3,800 millones de pesos). La diferencia a favor de la empresa privada era de más de 100 millones de dólares.

Panizzo se contradijo al ordenar que el avalúo se hiciera como un negocio en marcha el 27 de noviembre de 2013, pues 23 días antes él mismo había solicitado que se hiciera únicamente “el avalúo comercial y de realización ordenada de varios muebles e inmuebles localizados en el Estado de Veracruz”. Ni la ASF ni el INDAABIN cuestionaron el cambio de opinión del funcionario.

El INDAABIN se basó en tres documentos para su avalúo: el reporte de evaluación de instalaciones efectuado por la entonces Pemex Petroquímica, la propuesta de rehabilitación de la empresa ICA-Flour Daniel⁵ -subsidiaria de la constructora ICA- y un estudio sobre la industria de los fertilizantes de la consultora Booz & Co., que desde ese momento dijo que el costo sería de 475 millones de dólares (275 millones para la adquisición y 200 millones para la rehabilitación), cifra que Pemex usó inicialmente cuando hizo pública la compra de Agronitrogenados en enero de 2014.

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El estudio de Booz & Co., consultora adquirida por la multinacional PwC en diciembre de 2013, decía también que la planta tenía que ser rehabilitada y sólo así se cumplirían los objetivos de producción de urea, pero Pemex dio poco peso a ese condicionante. La ASF encontró que ni Pemex ni el Grupo PMI realizaron estudios de “integridad mecánica” de los equipos que acompañaron la adquisición de la planta de fertilizantes. Así se percataron de que el 60% de los equipos de Agronitrogenados debía ser reemplazado⁶.

Empresas y familias ganaron

Ya firmado el contrato de compra-venta, otras empresas, además de AHMSA e ICA, ganaron un pedazo del pastel de Agronitrogenados. El 29 de julio de 2014 los consejos de administración de P.M.I. Norteamérica y de Pro Agroindustria, subsidiarias de Pemex, autorizaron tres contrataciones importantes⁷ y que involucran a empresas ya conocidas para Pemex, según se lee en documentos analizados por la ASF y obtenidos por PODER vía transparencia.

Se aprobó contratar a Jacobs Engineering de México, S.A. de C.V. como “Project Management Contractor”, para la supervisión y administración del proyecto⁸. Desde 2013 esa firma tiene en sus filas a Juan José Suárez Coppel⁹, director de Pemex entre 2009 y 2012, y quien ya ha sido señalado por facilitar contratos entre Pemex y Jacobs Engineering.

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En agosto de 2016 la ASF solicitó a P.M.I. Comercio Internacional el “informe sobre Jacobs Engineering Group como administrador del proyecto y el resultado preliminar de su análisis de contratista”, pero en los documentos obtenidos por PODER no hay registro de si P.M.I. entregó una respuesta al respecto.

Se contrató por segunda vez a Booz & Co, ya bajo el paraguas de la consultora PwC, para realizar “un estudio sobre el modelo de comercialización y distribución de Fertilizantes para Pequeños Productores en México”. También se autorizó contratar a Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., subsidiaria de Avanzia, inhabilitada para hacer negocios con el gobierno y filial de la española ACS. El contrato con la empresa tuvo un sobrecosto del 30%.

En el esquema que se articuló antes y después de la compra de Agronitrogenados también participaron integrantes de la familia Autrey, con un importante y ventajoso papel para ellos mismos.

Arturo Henriquez Autrey se convirtió en director de Procura y Abastecimiento de Pemex¹⁰ desde febrero de 2014¹¹, dos meses después de la compra de Agronitrogenados. Dejó su cargo en Pemex en 2015, luego de una serie de escándalos que lo vinculaban con Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía¹².

Su primo, Xavier Desiderio Autrey Maza es socio de Alonso Ancira, ahora detenido y acusado de operaciones ilícitas¹³, en Agronitrogenados de México, S.A. de C.V.¹⁴ y en otras empresas como Ediciones Vulcano¹⁵ y Servicios Corporativos AHMSA¹⁶.

Agronitrogenados fue privatizada en 1991, cuando el Estado vendió el complejo Fertimex a Rogelio Montemayor Seguy, quien después fue director general de Pemex (enero-diciembre 2000), a través de la empresa Servicorp. Años después Servicorp se asoció con AHMSA para echar andar la planta hasta que quebró en 1999¹⁷.

Otra de las irregularidades que se presentaron tuvo que ver con las cuentas de AHMSA. Los depósitos por la compra de Agronitrogenados se hicieron a Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y a Agro Administración, S.A. de C.V., filiales de AHMSA. Pero la ASF encontró que los ingresos que declararon ambas en 2014 no coinciden con los ingresos por la venta de la planta. Las firmas omitieron declarar más de 340 millones de pesos¹⁸.

El esquema corporativo que facilitó las irregularidades

P.M.I. Holdings, B.V. (Holanda), P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V. (México), P.M.I. Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (México), P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C.V. (México) y Pemex Internacional España, S.A. (España), estuvieron involucradas en la compra de Agronitrogenados¹⁹, ya sea para autorizarla, como socias en Pro Agroindustrias, S.A. de C.V.-instrumento de propósito creado para la compra-, o como prestadoras de servicios para Pro Agroindustrias.

Todas esas firmas a su vez forman parte de Grupo PMI, una estructura de negocios paralela a Pemex, creada en 1988 para concentrar entidades “no paraestatales”, de carácter unimiembro, sin personal ni oficinas propias, con personalidad jurídica distinta e independiente de la de sus socios, incluyendo a Pemex y el gobierno federal, con patrimonios propios, autonomía de gestión y sujetas a la legislación de los país en el que estuvieran domiciliadas²⁰.

Bajo este grupo de empresas Pemex triangulaba internacionalmente las operaciones de compra-venta de hidrocarburos para obtener “beneficios fiscales”²¹. En 2010, la ASF informó que el Grupo PMI desarrolló, por medio de P.M.I. Holdings, B.V., una contabilidad centralizada en Holanda administrada por el banco estadounidense JP Morgan²².

En cuanto a Agronitrogenados, el papel de P.M.I. Holdings, B.V., dueña del 71.7% de P.M.I. Norteamérica, fue el de autorizar la cartera de proyectos del Grupo PMI, lo que incluyó la compra de la planta, el presupuesto de rehabilitación de la misma y la contratación de ICA para hacer los estudios económico-financiero y legal.

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Después de que se firmó el contrato entre Pemex y AHMSA, se creó Pro Agroindustrias, S.A. de C.V. (Pro Agro) con P.M.I. Infraestructura de Desarrollo y P.M.I. Norteamérica como socios y como una empresa propósito, es decir, sin personal ni recursos propios, por lo que la nueva firma hizo cuatro contratos para obtener servicios de empresas del mismo Grupo PMI: P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., y Pemex Internacional España, S.A.

En 2015 Pro Agroindustrias movió alrededor de 5 millones de dólares entre ella y esas dos firmas, además de su propia dueña P.M.I. Norteamérica, por servicios contables, fiscales y jurídicos, además de servicios de supervisión e intereses, según se puede leer en las cuentas que la ASF revisó en junio de 2016 y a las cuales PODER tuvo acceso²³.

El pago que se hizo a AHMSA por Agronitrogenados tuvo como origen el propio dinero de Grupo PMI y un crédito de Nacional Financiera por 228 millones de dólares. El 31 de julio de 2015 Pro Agro recibió 38 millones de dólares por parte del Servicio de Administración Tributaria, por concepto de “devolución de impuestos”, según informó la empresa a la ASF²⁴.

Transparencia a debate

A pesar de la importancia estratégica de Grupo PMI para la cadena de producción nacional de los hidrocarburos y las finanzas de Pemex y de la nación, las empresas del grupo no están consideradas como parte de la estructura de la empresa productiva del estado, y por tanto, no son sujetas de transparencia. Debido a ese principio, Pemex ha podido clasificar como confidencial y reservada mucha información relacionada a la compra de Agronitrogenados, y ha solicitado a otras dependencias, como a la ASF, que haga lo mismo.

El secretismo y la opacidad con la que se manejan las empresas del Grupo PMI genera debate hasta en las ponencias del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y Datos Personales (INAI). Ante un recurso de revisión presentado por PODER a una respuesta por parte de la ASF, en la que liberó más de 3 mil hojas, pero mantuvo en secreto otras 20 mil, el INAI ordenó a la dependencia proporcionar documentos con los que hicieron la auditoría 498-DE, como los estados financieros de 2014 de P.M.I. Comercio Internacional, P.M.I. Norteamérica y Pro Agro; sin embargo, mantuvo como válido el argumento de Pemex de que las empresas son privadas y que el recurso de la compra no fue público, por lo que no eran sujetos de transparencia.

Dos comisionados, Óscar Guerra Ford y Areli Cano, emitieron un voto disidente ante esto último, aludiendo a que aunque el recurso no era público, la compra sí fue hecha con objetivos públicos, por lo que toda la información debería ser pública²⁵.

La compra de Agronitrogenados por empresas controladas por el Grupo PMI no sólo revela una red de triangulación de operaciones financieras y decisiones realizadas desde Holanda que afectaron las finanzas y capacidad operativa de Pemex; también evidencia una falta de transparencia y el aprovechamiento de recursos legales, como el secreto comercial e industrial de entidades privadas, para operar en beneficio de intereses individuales.

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